El problema de la tierra, la tierra como problema

Si nuestro principal capital es nuestra tierra y su proverbial fertilidad, y si siempre hemos basado nuestra economía, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con su explotación, la estructura de su propiedad es uno de los problemas más profundos que atraviesa la historia de nuestro país y del que derivan muchos otros problemas sociales y políticos.

Este escrito busca describir y analizar la historia de esa estructura, y poner de relieve cómo el sucesivo fracaso de las diferentes alternativas propuestas para cambiarla a lo largo de más de dos siglos es un elemento fundamental para comprender el Uruguay contemporáneo.

 (Una versión abreviada de este escrito fue publicada en la revista Lento, Nº 33 de diciembre de 2015)

Los problemas en torno a la tierra comienzan en nuestro país desde mucho antes de que éste existiera. Esta historia debería comenzar con la llegada a la región del hombre blanco y los animales que trajo consigo para poblar esta región.

“El ganado precedió al colono”, afirmó el historiador Washington Reyes Abadie hace ya muchas décadas, señalando una de las tantas peculiaridades que tuvo en nuestro actual territorio la temprana relación entre el colono blanco, los recursos naturales y la ganadería, actividad que en sus diversas variantes y evolución condicionó desde un principio las características de la ocupación de esta tierra y las relaciones políticas y de producción que desarrollaron los diferentes grupos sociales que se la disputaron.

Los vacunos, especie foránea, fueron introducidos en estas vastas praderas que se extienden al este del río Uruguay gracias a la visión de Hernandarias, gobernador criollo del Río de la Plata, quien luego de recorrer el lugar en los primeros años del siglo XVII y escribirle al rey de España acerca de su excelente potencial para desarrollar la ganadería, procedió a concretar sus planes, llevando animales desde sus propias estancias de Santa Fe hasta la Banda Oriental. Años más tarde, vacas y toros fueron introducidos al norte del río Negro por parte de los guaraníes cristianizados de las misiones jesuíticas, que allí instalaron sus estancias como reservas ganaderas. Sin casi depredadores naturales, los vacunos se reprodujeron con facilidad.

Los españoles habían sentenciado que estas eran “tierras sin ningún provecho”, es decir, tierras sin metales preciosos ni indígenas que pudieran obligar a trabajar para ellos; pero a comienzos del siglo XVIII el ganado las había convertido en verdaderas “minas de carne y cuero”. Y los mineros no tardaron en llegar.

Las primeras formas de asentamiento criollo estuvieron vinculadas a las primeras formas de explotación de la nueva riqueza: las vaquerías. Éstas eran expediciones de caza del ganado cimarrón, que valía casi exclusivamente por su cuero. Como señalan José P. Barrán y Benjamín Nahum en Bases económicas de la revolución artiguista, atraídas por el ganado “se fijaron las gentes y como era una realidad antes que ellas, la forma de apropiárselo pasó a ser un problema íntimamente vinculado al de la tierra y casi más importante que el de ésta. Si la anarquía en la propiedad fue una constante del coloniaje (y aún de buena parte del siglo XIX, ya independiente), la raíz profunda debe buscarse en ese dato analizado: la riqueza espontánea que la tierra produjo sin el hombre”. Las características depredatorias de las vaquerías fueron igualmente determinantes en el surgimiento del tipo social seminómada del gaucho.

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Vaquería

Pero no sólo las formas de explotación ganadera influyeron en las formas de ocupación y eventual lucha por la tierra en la Banda Oriental. Las razones políticas jugaron un papel fundamental, ya que este territorio, también desde un principio, fue quizás la frontera más disputada entre los imperios de España y Portugal (y luego sus herederos, Argentina y Brasil) a lo largo de más de tres siglos.

La permanente aspiración de los portugueses a llevar los límites hasta el Río de la Plata condujo directamente a su fundación de la Colonia del Sacramento en 1680, frente a Buenos Aires. El contrabando entre ambas ciudades floreció, tolerado por las autoridades españolas. Pero  unas décadas más tarde pretendieron consolidar su avance fundando una segunda plaza fuerte en la ya conocida y apreciada bahía de Montevideo; en eso estaban cuando una expedición española enviada desde Buenos Aires por el gobernador Bruno Mauricio de Zabala los obligó a retirarse. En 1724, comenzó el poblamiento español del lugar. Como incentivo, las autoridades españolas ofrecían solares, chacras y suertes de estancia (algo menos de 2000 ha) a quienes desearan avecindarse en Montevideo. Estas primeras formas de propiedad legal tendían a la formación de una clase media de hacendados, lo cual no será la norma en los tiempos posteriores.

En esta doble configuración de la Banda Oriental como pradera ganadera y frontera entre imperios se debe buscar el origen y la explicación de una de las realidades más persistentes de nuestra historia y determinante de buena parte de ella: el latifundio.

No existió una causa única de esas grandes propiedades de tierra, explotadas en forma extensiva y por ende con escasa inversión tanto tecnológica como en mano de obra. En general, la Corona prefirió el latifundio como forma fácil y poco costosa de defender la frontera frente a la amenaza portuguesa estableciendo una población mínima, antes que dejar la frontera sin población alguna. Esto no dejará de ser un problema, ya que el avance lusitano no se detendrá, viéndose favorecido no sólo por el despoblamiento relativo que fomentaba el latifundio, sino además por los intereses creados de los propios latifundistas, quienes sistemáticamente se resistieron a formas de reparto de la tierra más racionales, distributivas y efectivas en cuanto a defensa del territorio que más tarde las autoridades intentaron llevar a cabo, sin éxito.

En el origen del latifundio podemos encontrar tanto grandes donaciones reales a favoritos y personajes de renombre como, más importante, las dificultades del trámite para acceder a la propiedad legal de la tierra. Éste no sólo requería de influencias y era lento, sino costoso al compararlo con el bajo precio de la tierra (que no poseía valor económico en sí, sino en función del ganado que pacía sobre ella). De este modo, pocos terminaban el trámite: les bastaba con iniciarlo y pagar los primeros gastos, “denunciando” grandes extensiones de tierra, con el simple fin de obtener cotos privados para vaquear ganado cimarrón (sin invertir, sin poblar, sin contribuir en nada al desarrollo de la campaña) o, más tarde y frente a la escasez creciente de vacunos por la depredación de las vaquerías, estableciendo estancias de rodeo, donde el ganado salvaje era amansado para su reproducción más o menos controlada. Ahora bien, los “títulos imperfectos” (incompletos) de estos denunciantes servían para desalojar a los ocupantes que se hallaran en los campos denunciados. Estos “simples poseedores” eran la población más común de la campaña durante la colonia, ocupando con sus familias campos de mediana extensión. El conflicto entre propietarios y ocupantes atravesará todo el período revolucionario posterior, y aún las primeras décadas de vida independiente.

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Rodeo

La situación propició el surgimiento de uno de los tipos de latifundista más característico (y criticado ya desde la época colonial): el propietario ausentista, íntimamente relacionado con el capital mercantil. Montevideo se destacó muy pronto como un gran emporio comercial, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La explotación del cuero, principal riqueza natural de la región, tuvo un fuerte impulso con el Reglamento de Libre Comercio de 1778 y disposiciones posteriores, que habilitaron al puerto de Montevideo para el comercio directo con España, con neutrales y con colonias extranjeras (especialmente Brasil), y sobre todo con el permiso exclusivo de introducción de esclavos para todo el Río de la Plata, consolidado en la década de 1790. La moneda de cambio eran a menudo los cueros, y en el caso de los esclavos, la única permitida. De este modo, se produjo una avalancha de denuncias de tierras por parte de muchos comerciantes, residentes en la ciudad, deseosos de echar mano sobre fuentes propias de cueros, utilizando para ello su riqueza e influencia.[1]

Los propietarios ausentistas rara vez conocían sus latifundios. Solían comisionar capataces que se encargaban de la extracción de cueros. A veces movilizaban a la fuerza pública para el desalojo de los simples ocupantes, a veces llegaban a acuerdos con éstos por medio de contratos de arrendamiento o aparcería.

Hacia fines del período colonial, la situación se había configurado en un claro predominio del latifundio y de los grandes estancieros, muchos de ellos ausentistas. Al sur del río Negro, donde la tierra había adquirido más valor gracias a su cercanía con Montevideo -lo cual abarataba los costos del comercio y daba mayor seguridad a vidas y propiedades-, las disputas entre propietarios y ocupantes eran más intensas. Al norte, donde por razones inversas la tierra valía menos y la despoblación era endémica, el latifundio casi no implicaba conflictos sociales. Allí, el problema más acuciante era militar y político, no socioeconómico: la penetración portuguesa.[2]

Las autoridades españolas fueron conscientes de estos conflictos y amenazas, y propusieron varios planes para el “arreglo de los campos” entre 1786 y 1808, que son antecedente directo del Reglamento artiguista de 1815. De hecho, el propio Artigas tuvo participación en alguno de ellos como capitán de Blandengues, un cuerpo de policía rural creado en 1797 precisamente para la seguridad de los hacendados a través del combate al contrabando, los indígenas y los matreros.

Producto en buena medida de la ilustración española y del espíritu reformista borbón, todos estos planes coincidían en que era necesario regularizar el régimen de propiedad, facilitando y agilizando los trámites para la legitimación de títulos, así como imponer límites a la extensión de las estancias. Uno de los principales objetivos era el poblamiento y la colonización de las tierras de la frontera con quienes estuvieran dispuestas a trabajarlas y producir, debiéndose encargar al mismo tiempo de su defensa militar. Se vislumbraba así la figura del soldado-colono, tan valorada luego por el artiguismo.

Pero cabe destacar aún otra coincidencia significativa: todos los planes muestran escaso respeto al derecho de propiedad individual, al que siempre subordinan a una función de utilidad social derivada del derecho medieval cristiano e hispánico.

Esta antigua tradición jurídica se verá frontalmente rechazada por la nuevas formas del derecho burgués, que ya se adivina en el rechazo de los planes por parte del gremio de hacendados y que se impondría definitivamente después de la independencia. Desde esta óptica, el Reglamento artiguista será la última manifestación formal y aplicada de la tradición hispánica respecto a la propiedad.

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En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, apresó al rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, y los obligó a abdicar en su favor. De inmediato, el pueblo español se levantó contra la ocupación organizando guerrillas y Juntas de Gobierno que asumieron la soberanía española en nombre de Fernando VII. En 1810, y ante la pérdida de casi todo el territorio a manos de los franceses, el mando de la resistencia española se agrupó en un Consejo de Regencia en la ciudad de Cádiz.

La crisis de la monarquía hispánica fue el detonante para la revolución en sus colonias americanas. Los criollos vieron una oportunidad de hacerse con el gobierno ellos mismos, rechazando la autoridad del Consejo e iniciando así la lucha contra las autoridades coloniales que sí la reconocían. Así, en mayo de 1810, los vecinos de Buenos Aires forman una Junta que desconoce la autoridad de dicho Consejo y destituye al Virrey del Río de la Plata.

Sin embargo, hay regiones dentro del virreinato que no reconocen la autoridad de la Junta, a la que se han integrado representantes de otras provincias además de los porteños. Es el caso del Paraguay (que rápidamente declarará su independencia), y del Alto Perú (actual Bolivia) y Montevideo, que se mantienen fieles al Consejo. Así comienza la guerra entre españolistas y patriotas.

La campaña oriental en un principio secunda a Montevideo en su rechazo a la Junta de Buenos Aires. No obstante, serán las exigencias fiscales del gobierno montevideano lo que arroje los habitantes del campo a los brazos de la revolución, en especial la demanda de una perentoria regularización de los títulos de propiedad sobre la tierra.

En 1811 se produce la rebelión de la campaña oriental contra Montevideo; conducidas por Artigas (quien desertó de su puesto como blandengue para ponerse al servicio de la Junta de Buenos Aires) y auxiliadas por tropas porteñas, las fuerzas orientales ponen sitio a la ciudad.

Luego vendría la primera invasión portuguesa y las primeras desavenencias entre Artigas y el gobierno porteño, la redota y el regreso a la Banda Oriental, el segundo sitio de Montevideo y el Congreso de abril de 1813, donde ya quedan formalmente planteadas las bases del sistema federal que el artiguismo empezaba a bosquejar y a oponer al centralismo unitario que defendía Buenos Aires. Mientras las últimas fuerzas españolas en la región quedan reducidas a Montevideo, pasa a primer plano la lucha entre federales y unitarios, partidarios unos de la máxima autonomía para cada provincia y un reducido gobierno supremo, defensores los otros de un gobierno central fuerte con derecho a dictar leyes para todo el territorio de la proyectada nación.

Los porteños entran en Montevideo en 1814, expulsando definitivamente a los españoles del Río de la Plata, pero a principios de 1815 son derrotados a su vez por los orientales en la batalla de Guayabos. Por primera vez, todo el territorio de la ahora llamada Provincia Oriental queda en manos artiguistas.

La situación era ruinosa. Cuatro años de guerra habían destruido la riqueza ganadera de la provincia. Muchos habían abandonado sus tierras huyendo de los portugueses, quienes seguían siendo una amenaza; también lo eran, para las propiedades y vidas de hacendados y paisanos, las bandas de indios y gauchos que asolaban la campaña. Había que repoblarla, reorganizar la producción, reprimir y disciplinar a matreros y “vagabundos”, y sentar las bases, por si acaso, para la defensa frente a una nueva invasión portuguesa. Para todo ello, Artigas promulgó en setiembre de 1815 el “Reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados”.

1El Reglamento contiene disposiciones para la organización administrativa y judicial de la provincia, policiales y represivas, y para el reparto de tierras, su poblamiento y fomento.  Serían repartibles la mayoría de los terrenos fiscales, así como las propiedades de los enemigos de la revolución: los famosos “malos europeos y peores americanos”. Serían los principales beneficiarios “los más infelices”: “los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y criollos pobres” y las viudas pobres con hijos.[3] Naturalmente, sería también agraciado con una suerte de estancia cualquier simpatizante de la revolución artiguista que la solicitara.

Para impulsar la recuperación económica se repartiría ganado a los donatarios y se les exigía la construcción de una infraestructura mínima para el rodeo, además de prohibirse la matanza de las hembras y el arreo hacia el Brasil.

La seguridad era el otro gran punto. Se creaba una fuerza policial de campaña para “desterrar los vagamundos, aprehender malhechores y desertores”, y se exigía a los peones portar papeletas de trabajo emitidas por sus patrones; cualquiera que no las tuviera sería considerado vago y en consecuencia sería destinado al “servicio de las armas”.

Mucho se ha escrito y discutido acerca del significado del Reglamento, y toneladas de cargas ideológicas más contemporáneas han sido proyectadas sobre él, haciendo difícil un análisis objetivo y realista. Naturalmente, donde uno ponga hoy el acento (si en los aspectos represivos y disciplinatorios, en los políticos o en los de cierta justicia social) dirá más sobre uno que sobre el Reglamento. Con todo, intentemos tal análisis.

Una primera interpretación clásica y aceptable es la del intento de formar una base social firme para la revolución. Es lógico suponer que quienes recibieran tierras se comprometerían con el triunfo del artiguismo (al menos, lo inverso se convirtió en verdad histórica: la derrota del artiguismo significó tarde o temprano la pérdida de las donaciones).

En la misma línea, la expropiación a los enemigos políticos enmarcada en un proyecto de reorganización social de largo aliento, estaría sentando las bases para una “justicia revolucionaria” que recogiendo la tradición hispánica subordina el derecho de propiedad a la utilidad pública y la adhesión al nuevo orden republicano. Cabe señalar que es sólo en este sentido que encontramos un ataque al latifundio cuando analizamos la aplicación del Reglamento: sólo fueron expropiados los latifundistas enemigos. Tierra no faltaba; lo que faltaban eran pobladores.

Desde este punto de vista, sedentarizar al gaucho era una necesidad; pero también lo era por razones de seguridad. Es un hecho difícilmente discutible que Artigas tuvo el apoyo de los hacendados desde sus tiempos de blandengue al servicio del rey de España hasta la invasión portuguesa de 1816. Buenos servicios les había prestado, persiguiendo gauchos e indios, y luego defendiéndolos de españoles, portugueses y porteños. Pero al mismo tiempo, y conforme se prolongaba la revolución y la guerra, el caos y la desintegración social y política que siempre acompañan estos procesos representaban para ellos una amenaza terrible.[4] Las demandas de los hacendados son las mismas de siempre, y entre ellas se destaca el eliminar a los elementos “facinerosos” de la campaña, condición indispensable para posibilitar su fomento.[5]

El dilema de Artigas fue la imposible conciliación entre los intereses de clase de los grandes hacendados y la oligarquía montevideana (que en muchos casos eran una misma cosa), que exigían seguridad, orden y respeto a la propiedad, y las demandas de acceso a la tierra de los simples ocupantes, que muchas veces se solapaban con las montoneras gauchas que tan a gusto se sentían con la vida nómade de la vaquería y la revolución, y tan reacias se mostraban, por eso, a cualquier exigencia de asentamiento en la tierra (contribuyendo así al clima de inseguridad rural). El liderazgo caudillesco de Artigas podía contener los impulsos de la montonera y las exigencias populares de tierra dentro de ciertos límites, pero también debía contemporizar con ellos a riesgo de que la revolución se le fuera de las manos.[6]

Cuando invade Portugal (con beneplácito de Buenos Aires) la tensión estalla y el conflicto de clase se aclara: la oligarquía oriental apoya invasor como una fuerza capaz de salvaguardar sus intereses mucho mejor de lo que Artigas podía o estaba dispuesto a hacerlo, y a partir de entonces, el caudillo tendrá que sostenerse casi exclusivamente con las fuerzas populares paisanas, gauchas e indias, en una dinámica de confrontación con aquella que se retroalimenta y agudiza, y termina identificando por largas décadas al artiguismo con las clases populares.

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La ocupación luso-brasileña, que se extendió en la campaña hasta 1825, debió tolerar en un principio a los donatarios artiguistas, en particular aquellos que gozaban de la protección de Fructuoso Rivera. Tal fue la condición del pacto al que éste accedió al aceptar el dominio portugués y encomendársele la seguridad de la campaña con potestad de repartir tierras. en opinión de Gerardo Caetano, Rivera reconvierte a una lógica netamente caudillesca el proyecto político más integral que había esbozado el artiguismo, lógica que pautó la lucha por la tierra en los tiempos que siguieron.

El invasor debió manejarse con precaución, en un imposible equilibrio entre los propietarios, a quienes se les reconocía la legitimidad de sus derechos, y los ocupantes y donatarios artiguistas, o “poseedores de buena fe” que en teoría y de momento no debían ser molestados ni desalojados. Pero conforme se afianzó la dominación, la balanza se inclinó hacia los propietarios y en particular hacia los nuevos hacendados portugueses, brasileños y adictos al régimen. El descontento de los poseedores explica la velocidad con que se extendió la revolución de 1825 por la campaña.

Sin embargo, la política agraria llevada a cabo por los sucesivos gobiernos patrios a partir de dicho año y hasta el estallido de la Guerra Grande avanzaron en una línea francamente propietarista, con matices y retrocesos derivados de los conflictos caudillistas que entorpecían los proyectos políticos del patriciado oriental al respecto. Rivera, por ejemplo, durante su primera presidencia (1830-1834) tuvo que hacer frente a un par de levantamientos liderados por Lavalleja y sostenidos en el malestar de muchos poseedores que perdían sus tierras por la fuerza (desalojos) o por la ley (imposibilitados de pagar los precios fijados por el gobierno). Ante esta situación, sus ministros dieron marcha atrás en sus resoluciones propietaristas, sólo para reactivarlas en cuanto el peligro de la guerra civil fue conjurado. El acceso a la tierra pasó a depender cada vez más o bien de la riqueza (muchos poseedores acomodados, incluso donatarios artiguistas, lograron la propiedad en estos años) o bien del amparo del caudillo de turno.

La guerra civil llegó de todos modos, como parte de ese gigantesco conflicto rioplatense llamado Guerra Grande (1836-1852), aunque poco alteró la estructura de la propiedad de la tierra. Para la década de 1850 el conflicto se concentra sobre las aún apetecibles tierras fiscales, pero los antagonistas han cambiado: por un lado, hacendados de todo tipo y condición, por otro especuladores vinculados al capital financiero. En el medio, un Estado crónicamente agobiado por las deudas que busca echar mano de la venta de sus tierras. Pero ningún ocupante está dispuesto a pagar por la tierra que ya posee.

En las puertas del proceso de modernización que cambiará la faz de nuestro medio rural para siempre, la estructura de su propiedad exhibe ya una fuerte tendencia a la concentración por la vía del derecho o de los hechos. El último cuarto del siglo XIX será el del triunfo definitivo del latifundio y de la oligarquía uruguaya, al tiempo que desfallece el país caudillesco y se entierra definitivamente todo rastro de la política agraria artiguista, la única que desde la ruptura colonial pudo haber significado un proyecto integral de reforma económica y social en el sentido opuesto.

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La segunda mitad del siglo XIX marca el inicio de la modernización de los países latinoamericanos. Comenzaron a cambiar las formas de producción y de intercambio, lo que implicó la adopción de nuevas tecnologías (ferrocarril, navegación a vapor, frigoríficos, electricidad, etc) y la integración y adaptación totales a las exigencias del mercado mundial. En suma, América Latina se integró al sistema capitalista global en una posición periférica y con una función proveedora de materias primas para la industria europea y estadounidense y receptora de manufacturas, créditos e inversiones en infraestructura (orientada a la extracción de sus recursos naturales).

La formación de este modelo agroexportador y monoproductor (cada país se especializó en producir una o dos materias primas en función de sus características geográficas) implicó la consolidación de la propiedad privada (eliminando por ejemplo los restos de propiedades comunales que aún subsistían) y de relaciones de producción capitalistas, a través del trabajo asalariado y el disciplinamiento de la mano de obra, por medio de la represión y de reformas educativas. Así mismo, significó el fin del viejo caudillismo y el surgimiento de repúblicas oligárquicas, donde el poder lo detentaban directa o indirectamente las nuevas élites vinculadas a la agroexportación. Sin embargo, el crecimiento de la ciudades y de la burocracia estatal llevó a la aparición de un sector importante de clase media, así como la expansión industrial provocó el nacimiento de una incipiente clase obrera. Esta nueva sociedad de masas, cada vez más instruida gracias a la universalización de la educación primaria, pronto ejercería una presión política considerable que llevaría a la democratización de los sistemas políticos ya entrado el siglo XX.

En Uruguay, el arco histórico que describe esta modernización culminaría en el reformismo social e institucional del batllismo, y habría comenzado en la década de 1860 con la revolución del lanar. Así fue como Barrán y Nahum denominaron el proceso por el cual, en menos de diez años, la cría de ovinos para la extracción de lana se convirtió en una de las principales actividades económicas del país: de 800.000 cabezas en 1852 y un índice de mestizaje con razas laneras del 17%, se pasó a 2.600.000 en 1860 (50% de mestizos) y a 16.600.000 en 1869.

Fueron los cambios operados a nivel internacional por el capitalismo industrial los que de una u otra forma llevaron a esta situación: la reciente expansión de la industria textil lanera en Francia y Bélgica, y el aumento en el nivel de consumo en la Europa industrializada que llevó a que allí se criaran más ovinos para carne en vez de laneros, provocaron un aumento en la demanda de lanas de otros continentes (Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Río de la Plata). Al mismo tiempo, la Guerra de Secesión eliminó por largos años del mercado internacional al algodón estadounidense, fibra competidora, haciendo que muchos industriales se volcaran por la otra. En este contexto los estancieros orientales, por su parte, vieron en las ovejas un seguro económico frente a la desvalorización del vacuno (por su superproducción) y las sequías, y lo adoptaron con entusiasmo.

La revolución lanar merece su nombre debido a los profundos y heterogéneos cambios que provocó en el devenir de nuestra historia. Entre ellos, son cruciales los ocurridos en relación a la estructura de la propiedad rural y al surgimiento de una nueva clase de hacendados. En primer lugar, abrió un camino de ascenso social y llevó al desarrollo de una clase media rural, ya que la cría de ovejas podía realizarse en predios de pequeña y mediana extensión. Muchos inmigrantes, gracias a sus conocimientos en el manejo de ovinos, pudieron establecerse por su cuenta luego de un tiempo de empleo como pastores, gracias a los altos salarios que se les pagaba y al menor capital necesario para la nueva explotación.

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Por otro lado y por única vez en todo el siglo, la demanda de mano obra en el campo aumentó, ya que era necesaria una vigilancia constante de las majadas en un medio aún sin alambrar y que cada pastor cubría unas 240 ha (frente a las 1.000 ha de un peón en una estancia vacuna tradicional). A esto hay que sumarle las tareas de la esquila y la curación, que elevaba la ocupación permanente y zafral, de modo que la cría de ovinos requería cinco veces más trabajadores que la cría de vacunos.

Como señalan Millot y Bertino, “el ovino significó pues un avance de las relaciones de producción capitalistas y una mayor tecnificación de la explotación ganadera. La inversión en 20 millones de ovinos  se puede calcular que equivale al 50% de los 8 millones de vacunos. Significó un intenso proceso de acumulación, aún sin tener en cuenta los otros elementos necesarios al proceso de producción. Incrementó la productividad de la tierra, y no excluyó a los vacunos. Implicó una diversificación de la producción y una mayor especialización del trabajo”. (Historia económica del Uruguay, tomo II, p. 54)

Pero el lanar trajo además cambios en la mentalidad rural, de la mano de la nueva clase de hacendados estrechamente vinculados a los mercados internacionales y las características especiales de la cría de ovejas, que afectaron a todas las clases sociales. Entre los peones, retrocedió el nomadismo, lo cual minaba una de las bases sociales del caudillismo, al tiempo que su ingreso a la economía formal y los nuevos hábitos de trabajo que requería la estancia moderna facilitó el disciplinamiento de las costumbres y los cuerpos que poco después impondrían a sangre y letra la dictadura de Latorre y la reforma vareliana.

Entre los hacendados, el clamor por seguridad y paz interna se volvió un grito de guerra social. Las guerras civiles que de cuando en cuando se enseñoreaban del país no representaban una tragedia para la vieja estancia vacuna, ya que de las reses faenadas para la alimentación de las voraces tropas caudillescas aún se podían aprovechar los cueros (su principal valor), y su economía de subsistencia no estaba tan ligada al mercado internacional; pero ahora, para los estancieros que hacían sus fortunas gracias a la exportación de lana, una revolución era el fin del mundo: no sólo se paralizaba la producción y el comercio, sino que la matanza de ovejas se llevaba tanto la inversión en mestizaje como las ganancias futuras de los vellones que año a año iban produciendo los animales.

Fue justamente durante la devastadora Revolución de las Lanzas (1870-1872) que estos hacendados fundaron la ARU para defender sus intereses, impulsar la modernización del agro y reclamar al gobierno mayor atención a los problemas del campo, entre los cuales ubicaban, en primer lugar, la inseguridad producto de las guerras civiles y el bandolerismo. La ARU redactó el Código Rural por encargo del Senado en 1873, aprobado a tapas cerradas. Su principal objetivo era la fijación de la propiedad privada sobre la tierra y el ganado. A estas exigencias de orden y propiedad comenzará a responder la dictadura militar del coronel Lorenzo Latorre (1876-1879).

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Aunque a veces se la califica de contrarreforma agraria, la política rural iniciada por Latorre es más bien la concreción histórica del latifundismo y el propietarismo de los grandes estancieros, y su imposición por sobre cualquier otra alternativa que contemplara una distribución más equitativa de la tierra o la formación estable de una clase media rural como base para el desarrollo agrario del país.

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Lorenzo Latorre

Este definitivo “arreglo de los campos” se logró por diferentes medios. En primer lugar, la aplicación del Código Rural benefició a los grandes propietarios, quienes podían costear sin problemas los trámites para deslindar y registrar sus tierras. Como aún no se había hecho un inventario de las tierras fiscales, éstas quedaron en manos de quienes se las habían apropiado ilegalmente. También se establecían oficinas para el registro y marca del ganado, y duras penas para el abigeato. Por último, se brindaron facilidades para el alambramiento de los campos y se impuso la medianería forzosa (los vecinos debían compartir los gastos de cercado).

La importancia del alambramiento en nuestra historia no puede ser subestimada. Con el total apoyo de los grandes estancieros, fijó efectiva y definitivamente la propiedad de tierra y ganado (evitando la dispersión de éste), facilitó el mestizaje, el control del pastoreo y el engorde. Pero por sobre todas las cosas, redujo los costos de mano de obra: ya no se necesitaron tantos pastores ni puesteros. Por otro lado, la medianería forzosa hacía que los pequeños y medianos hacendados no pudieran costear el alambrado, de modo que tuvieron que malvender sus fincas a los grandes propietarios, que vieron así acrecentados sus latifundios.

Esto se complementó con las medidas que tomó Latorre para modernizar y fortalecer el poder del Estado y así poder imponer su autoridad en todo el país, reprimiendo y disciplinando con éxito tanto a los sectores populares del campo como a los caudillos levantiscos. Para esto se valió de instrumentos técnicos y legales: armamento moderno, ferrocarril para traslado de tropas, telégrafo, aplicación de durísimas penas para vagos y delincuentes (desde ejecuciones sumarias hasta trabajos forzados), reforma educativa de José Pedro Varela. Los resultados los exponía con satisfacción Domingo Ordoñana, presidente de la ARU: “La Campaña ha entrado en caja y para conocer cómo se reconoce el principio de autoridad, basta visitar un galpón de esquila; en él se observa un comedimiento, una puntualidad, un deseo de agradar y cumplir cada uno con su deber, que nos era desconocido”. La mano de obra rural fue así disciplinada por el terror y sus hijos por la escuela, que les inculcaba el valor del trabajo, el ahorro y la frugalidad, condenando los “vicios”, el juego y la desobediencia y acostumbrándolos a seguir normas rígidas y la aceptación de una autoridad superior.

Los efectos de esta política fueron tanto económicos como culturales:

“Si bien [el alambramiento] supone un hecho tecnológico que origina desocupación, ese fenómeno está envuelto en un proceso más amplio que incluye el empleo de la fuerza (ejercida o potencial) o la presión económica (del endeudamiento por medianería del alambramiento) y la expulsión de agregados y pequeños propietarios y poseedores. Este desapoderamiento de los medios de producción de una parte de la población constituye un fenómeno de acumulación originaria que se venía procesando desde fines del siglo XVIII. Incluye modificaciones del modo de reproducción de la población rural y de sus formas de conciencia social, modelando un hombre que debe vender su fuerza de trabajo para subsistir y cree que así debe ser (Barrán y Nahum hablan así de ‘un proletariado rural sin conciencia’)” (Millot y Bertino, II, 65-66).

La consecuencia más dramática de este proceso fue la desocupación y el descenso en la calidad de vida de los sectores populares, y la desaparición de muchos pequeños y medianos propietarios o simples poseedores que aún subsistían. Sus destinos eran inciertos. Quienes pudieron, emigraron hacia Montevideo o fuera del país, dando inicio al primer “exilio económico” de nuestra historia. Otros se fueron amontonando en los rancheríos que surgían en el cruce de caminos o en los suburbios del interior. Quienes aún erraban por la campaña pasaron a ser considerados delincuentes[7] y sufrieron los rigores de la represión. No había para ellos ninguna solución inclusiva, y así, junto a sus nuevos ricos, la modernización trajo consigo a los primeros marginados.

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El triunfo del latifundio en el último cuarto del siglo XIX significó la permanencia y la profundización de problemas que ya empezaban a revelarse como estructurales en nuestro medio rural con su impacto en toda nuestra economía y sociedad: despoblamiento y éxodo rural, predominio de la ganadería extensiva (con muy bajos índices de inversión y ocupación) gran desigualdad en el reparto de la renta agraria, y el germen de un estancamiento productivo, fruto de la escasa inversión técnica, que ya sería evidente un par de décadas después.

De esta situación fueron conscientes actores políticos de primera magnitud a lo largo del siglo XX, y así propusieron reformas para solucionar dichos problemas. Todas fracasaron en sus objetivos fundamentales o no pasaron de proyectos. El primer intento fue el del batllismo.

La aparición de los frigoríficos en las primeras décadas del siglo respondió a la fuerte demanda del mercado internacional, consolidando tanto la ganadería extensiva que tenía por base al latifundio como sus consecuencias sociales. Frente a esto, y en el marco de un proyecto de modernización y reforma global de la sociedad uruguaya de acuerdo a la “pauta occidental del progreso”, el batllismo impulsó políticas que combinaban el desarrollo de la agricultura y su asociación con la ganadería (forrajes, lechería, granja), la subdivisión de la propiedad y la innovación tecnológica.

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Frigorífico

Los objetivos eran amplios y ambiciosos. Estimular la agricultura intensiva, con su mayor demanda de trabajadores, implicaba repoblar el campo atrayendo sobre todo a los inmigrantes europeos que llegaban al Río de la Plata y no encontraban en Uruguay oportunidades para establecerse en el campo. Al mismo tiempo, crearía un atractivo mercado interno para la incipiente industria local y los propios productos agrícolas, disminuyendo la dependencia externa, en incluso exportando excedentes, como ocurría con Argentina, “granero del mundo”. Además, que las unidades productivas agrícolas no necesitaran ser muy extensas para ser rentables se combinaba a la perfección con el estímulo a la inversión tecnológica y el desarrollo científico nacional, y con la subdivisión de los latifundios y disminución del peso relativo de la ganadería extensiva -condición necesaria desde que las tierras cultivables ya habían sido apropiadas en su mayoría por los grandes estancieros y el país no tenía ya una “frontera abierta” con nuevos territorios a ocupar o a incorporar a actividades productivas. Por último, el sustrato ideológico que animaba esta reforma asociaba la agricultura con la civilización, la paz y la democracia, mientras la ganadería era vista como retrógrada, ligada a la barbarie y el nomadismo. Atacar al latifundio era para el batllismo sinónimo de pacificar la campaña al eliminar un foco de desocupación y miseria que a su vez aportaba masa humana para los levantamientos armados, un elemento de honda preocupación a la luz de la guerra civil de 1904. Así, la creación de una sólida clase de pequeños y medianos productores rurales sería una solución a los rancheríos y cinturones urbanos de marginación y serviría de contrapeso político a los reaccionarios latifundistas; en términos más prosaicos, significaría un espaldarazo al coloradismo reformista y una horadación de la base socioeconómica rural del Partido Nacional.

Muchos de estos objetivos adolecían de errores de evaluación y exceso de optimismo o ingenuidad, pero ni antes ni después una fuerza política gobernante se propuso una transformación tan radical de la estructura de la sociedad uruguaya ni, por supuesto, de la realidad rural.

Las medidas que se intentaron tomar, sin embargo, fracasaron. El principal impulso se dio en la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911-1915), y más tarde a fines de los años veinte. El Estado intentó recuperar las tierras fiscales apropiadas por particulares (calculadas en un 12% de las tierras productivas) para impulsar la colonización agrícola, pero no fue más que un proyecto ante la falta de apoyo político y la cerrada oposición de los estancieros; las pocas colonias fundadas fueron irrelevantes. Iguales motivos frenó la creación de impuestos progresivos sobre las grandes extensiones y las tierras improductivas. La falta de fondos derivada de los problemas financieros del Estado también contribuyeron a relativizar el éxito de otras iniciativas que corrieron mejor suerte, como las orientadas al desarrollo tecnológico agrario: la creación del Semillero Nacional “La Estanzuela”, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y el Instituto de Química Industrial. Por las mismas razones no tuvo efectos apreciables una tímida ampliación del crédito y los seguros para pequeños y medianos productores, y proyectos de ley para la creación de cooperativas de productores fueron encarpetados.

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José Batlle y Ordóñez

En suma, el batllismo no contó con las mayorías políticas necesarias ni logró un apoyo decisivo en el medio rural; desde su derrota electoral de 1916, la prioridad pasó a ser retener el gobierno, y de ahí su constante necesidad de acuerdos con el conservadurismo colorado (en aras de evitar un triunfo nacionalista) que bloquearon nuevas reformas.

A comienzos de los años treinta y frente al impacto de la crisis de 1929, una alianza entre el batllismo y los nacionalistas no herreristas pareció dar un nuevo impulso al reformismo; pero el régimen surgido del golpe de Estado del colorado Gabriel Terra (1933), con apoyo del herrerismo, vino a tranquilizar los ánimos conservadores por casi una década. Mientras el país iniciaba el camino de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), las estructuras agrarias continuaron intocables.

La situación pareció cambiar con la llegada al gobierno de Luis Batlle Berres (1947-1951), quien reeditó aspectos esenciales del proyecto de su tío Batlle y Ordóñez. La decidida apuesta por la industria, considerada motor del progreso y el desarrollo tanto económico como social, pareció dar un tono fundamentalmente urbano a su política. Sin embargo, en 1948 se da un paso importante hacia la reforma del agro con la creación del Instituto Nacional de Colonización.

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Instituto Nacional de Colonización

De acuerdo a ley que lo creó, su fin es “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.” Se faculta al Instituto para expropiar predios en función de su excesivo o insuficiente tamaño y su falta de explotación, teniendo preferencia los propietarios ausentistas, los dueños de varias fincas, los que no las exploten personalmente, los que cobren arrendamientos abusivos, “u otras circunstancias de carácter antisocial”. Al mismo tiempo, los beneficiarios podían perder los predios, entre otros motivos, por mora en el pago de sus cuotas o por no realizar una explotación adecuada en función del contrato establecido (situación reminiscente del viejo Reglamento artiguista).

Los resultados fueron, sin embargo, decepcionantes. Para 1958 se habían colonizado unas 150.000 há, pero a partir de ahí y coincidentemente con la llegada de los ruralistas al gobierno, muy poco más se avanzó. El alcance social y económico del nuevo proyecto batllista era mucho más de lo que los terratenientes ganaderos podían tolerar, y como había sucedido tres décadas antes, su oposición gremial junto a las alianzas que tejieron con sectores políticos conservadores (aderezado una vez más por la falta de recursos financieros) llevó al fracaso de las reformas.

El batllismo tuvo que conformarse con una redistribución de la renta ganadera por mecanismos indirectos, en lo que fue bastante más efectivo. El control de los tipos de cambio permitió que el Estado se apropiara de parte de las enormes ganancias que el agro obtuvo al exportar sus carnes, lanas y cueros a precios hinchados por guerras ajenas (la Segunda Guerra Mundial y la de Corea), acumulando valiosas divisas que permitieron financiar el crecimiento industrial, inversiones públicas, beneficios sociales y subsidios al consumo popular. En 1957, el salario real alcanzó su punto máximo en toda nuestra historia.

Será justamente el estancamiento del sector agroexportador lo que terminará hundiendo las bases materiales sobre las que se asentaba el Estado de bienestar uruguayo. Mientras los precios internacionales de nuestras materias primas caían, los volúmenes de producción no aumentaban, haciendo que el mayor nivel de consumo interno disminuyera los saldos exportables, con lo que se resentían los ingresos fiscales.

Para mediados de los años sesenta, la crisis se profundizaba y el estancamiento del agro persistía. Los ganaderos habían obtenido del nuevo y liberal gobierno nacionalista la supresión de los cambios múltiples y la devaluación del peso, lo cual les había permitido recuperar ganancias a costa del bienestar de los sectores populares y sin invertir un dólar en inversión ni cambios en la forma de explotación de la tierra.

Será en 1964 durante el segundo gobierno blanco, en manos de la fracción más reformista del partido, que el propio ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira, presentará su proyecto de “reforma de las estructuras agrarias”. El problema más acuciante al que busca dar solución, por sus repercusiones en el resto de la economía nacional, era el mentado “estancamiento del agro”. Las explicaciones de este hecho apuntaban a la falta de inversión técnica en el mejoramiento del forraje y la fertilidad de los suelos. El diagnóstico de la CIDE (1963) hacía responsables al latifundio y la mentalidad del gran estanciero uruguayo, que conspiraban contra la innovación tanto como el minifundio, cuya escasa rentabilidad hacía imposible invertir en mejoras.[8]

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Wilson Ferreira Aldunate

El proyecto de Ferreira no cuestionaba que el “modelo de desarrollo” nacional se basara en la agroexportación, pero sí la naturaleza de ésta:

“El hecho de que la tierra sea el principal factor limitante para la expansión de la producción agropecuaria, le asigna a su adecuado uso y manejo una prioridad extraordinaria. Desde este punto de vista, tiene tanta importancia el uso a que se destine el suelo como los niveles de ineficiencia con que sea empleado.

El país debe esforzarse en destinar sus tierras para aquellas producciones a través de las cuales logre el más alto valor agregado por hectárea, siempre y cuando disponga de mercados para la colocación de las producciones que obtenga. Pero también debe lograr que los suelos se manejen con las mejoras técnicas disponibles, para preservarlos de la destrucción y porque sólo así podrán elevarse los niveles de productividad”.

Para esto era indispensable atacar el problema de la estructura de la tenencia de la tierra. Mientras el 60% de los productores rurales disponían de sólo el 11.6% de las tierras (minifundistas), el 44% de éstas se concentraban en manos de un 3% de grandes latifundistas. La solución propuesta señala en primer lugar la función social del uso de la tierra (“el empresario rural está obligado a explotar de modo eficiente la tierra bajo su tenencia en toda su extensión; a cooperar con los programas de desarrollo agropecuario que realicen las autoridades correspondientes en la zona en que esté ubicado el predio y colaborar en la conservación de los recursos naturales renovables”), así como disposiciones para evitar la excesiva concentración o fragmentación de los predios. El límite máximo se fija en 2500 há por contratante, prohibiéndose la compra o arrendamiento por parte de sociedades anónimas (una forma de burlar el límite), resaltando así el carácter individualista de la reforma propuesta. También se incluía un impuesto a la baja productividad. Otra vez, la oposición de la Asociación y la Federación Rural sería decisiva para que se encarpetara el proyecto de Ferreira.

Éste debe pensarse como una propuesta moderada, influida por la política demócrata estadounidense emanada de la Alianza para el Progreso, que tanto buscaba soluciones a un grave problema estructural como una alternativa a propuestas más radicales provenientes de sectores izquierdistas, que en esos años tenían el ejemplo vivo e inspirador de la Revolución Cubana y su reforma agraria. En los convulsionados años sesenta, pocos izquierdistas uruguayos pensaban el problema de la tierra con tanta centralidad como Raúl Sendic, organizador sindical de los cañeros de Artigas y fundador de la guerrilla tupamara. También el Frente Amplio recogía una radical reforma agraria en su primera propuesta electoral (1971), considerándosela uno de los “pilares del proceso transformador”.

La dictadura anuló cualquier posibilidad de replantear el problema, pero con la recuperación democrática éste pareció olvidarse. Nunca más fue tema de peso en una campaña electoral ni en un programa de gobierno. Sólo Sendic insistía, recién salido de la cárcel, con su detallado Plan por la Tierra y contra la pobreza de 1985. El impulso colonizador tendría como protagonistas a empresas estatales, cooperativas y desocupados (usufructo familiar), quienes recibirían la tierra gratis. Ésta se obtendría de las fincas de más de 2500 ha, por expropiación sin indemnización de la tierra que superara dicha medida.

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Raúl Sendic (padre)

Hace tiempo que el Frente Amplio abandonó toda referencia al latifundio o la reforma agraria. Desde el gobierno ha respaldado algunos interesantes emprendimientos rurales a través del INC, que ha sido reestructurado, dotado de mayor presupuesto y establecido como prioridad en la adjudicación de tierras a los colectivos de pequeños productores y asalariados rurales.

Sin embargo, esto se ve contrarrestado por la opción por un modelo económico extractivista y abierto a la inversión extranjera, que gracias a la extensión de los monocultivos de soja y eucaliptus, en una década ha elevado los índices de extranjerización y concentración de la tierra a niveles sin antecedentes en nuestra historia. En 20 años, la proporción de tierras en manos uruguayas se redujo de más del 90% a un 54% (2012). Según datos oficiales de 2011, casi la mitad del territorio nacional está en manos de sociedades anónimas, el 10% de los establecimientos rurales concentran casi dos tercios de la superficie, y desde 2000 han desaparecido 12.000 fincas (en su mayoría pequeños y medianos productores) absorbidas por el latifundio sojero y forestal. Esto no deja de tener consecuencias para el resto de la economía: por ejemplo, con muchos de estos productores familiares va desapareciendo también capacidad productiva de alimentos (a lo que se dedicaban en especial), de modo que las importaciones de éstos suben y en un contexto de alza de sus precios internacionales repercute en inflación y carestía de productos de consumo básicos.

La tendencia de larga duración se mantiene. Pocos países existen en el mundo tan dependientes del sector primario y a la vez tan ruralmente despoblados como el Uruguay. Las consecuencias para la mayoría de la población, ayer como hoy, siguen siendo aciagas.

Tabla reforma agraria

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[1] El triste y fundamental papel del tráfico esclavista en el desarrollo económico del país no ha sido lo suficientemente subrayado por nuestra historiografía, y fue convenientemente olvidado por los diversos discursos políticos. “El comercio de esclavos se transformó en uno de los principales rubros de la economía montevideana. La burguesía montevideana, acaparó el tráfico de esclavos y desarrolló el emporio esclavista más grande que jamás conoció el Río de la Plata. Los más destacados comerciantes de Montevideo, integrantes de una sociedad fina y culta se habían convertido en los más importantes comerciantes de esclavos de la América del Sur. Entre estos comerciantes encontramos a Francisco Juanicó, Luis Godefroy, Mateo Magariños, Cristóbal Salvañach, Pascual Parodi, Pedro Francisco de Berro, Joaquín de Chopitea, Juan Vidal y Batlla, Carlos Camuso, Antonio Massini, José Batlle y Carreó, José de Errazquin, Francisco Antonio Maciel y Lucas Obes. La gran mayoría tuvo participación activa en el proceso independentista.” (Bracco, López Mazz y otros, Esclavitud y afrodescendientes en el Uruguay)

[2] Complejidad de la situación que no debe obviarse a la hora de valorar el latifundio colonial. Como señalan Barrán y Nahum, “si bien es cierto que había población deseosa de afincarse en las tierras sureñas, su presión no debió haber sido extremada cuanto que la gran masa de la población rural, vivía en un nomadismo que se convertía en un obstáculo cultural casi insalvable para un asentamiento definitivo. Mientras la subsistencia fuera fácil, los campos inmensos no estuvieran alambrados, la frontera abierta permitiera el ‘aire libre y la carne gorda’ de un mundo primitivo, el gaucho preferiría la vida más fácil del saqueo y el pillaje, o la destrucción lisa y llana del ganado cimarrón, a la existencia gris del propietario.”

[3] La lista no incluye a todos los infelices: nada se dice de los esclavos, aún sometidos a una institución que sería abolida sólo décadas más tarde.

[4] El propio Artigas lo reconocía en una carta al Cabildo de Montevideo, el 12 de noviembre de 1815: “La experiencia me ha enseñado que cada paisano, y los mismos vecinos no hacen más que destrozar: que poco celosos del bien público no tratan sino de su subsistencia personal, y aprovechándose del poco celo de la campaña, destrozan a su satisfacción”. Cabe aclarar que “vecino” era un título que se adjudicaba a los propietarios habitantes de pueblos y villas, es decir, a gentes de clase alta.

[5] Recientemente, Ana Frega (en su conferencia del 14 de setiembre de 2015 “El Reglamento de de Tierras de 1815: justicia revolucionaria y virtud republicana”, dictada en la Universidad de la República) ha sugerido una nueva interpretación: “Vinculándolo con el proyecto político, restablecer las estancias era un objetivo prioritario no sólo para dar satisfacción a los intereses de los vecinos, sino también y primordialmente para obtener los recursos necesarios para la edificación de un nuevo orden político y social. Además, la pedagogía (…) del Reglamento suponía la regeneración de los vecinos, de los habitantes. ‘Regeneración’ en el sentido de una nueva o segunda generación (…) moral (…), y que esa regeneración se iba a lograr a través de la cultura del trabajo y la moralización de las costumbres. La díada ‘trabajo y virtud’ debía imponerse sobre la que formaban el ocio y el vicio. (…) El Reglamento se inscribe en esa larga tradición que condena la vida errante, la holgazanería (…). El tema era objeto de la economía política y se había reflejado en los informes y planes para mejorar la situación en el medio rural y defender el territorio.”

 

[6] Como ilustra el caso de Encarnación Benítez, caudillo de Soriano, que había procedido por su cuenta al reparto de tierras de “malos europeos”, ante lo cual los vecinos de la zona reclamaban al Cabildo de Montevideo. Benítez le escribe a Artigas, diciendo que devolver las estancias al poder de sus antiguos dueños “es abrir un nuevo margen a otra revolución peor que la primera. (…) El clamor general es: nosotros hemos defendido la Patria y las Haciendas de la Campaña, hemos perdido lo que teníamos, hemos expuesto nuestras vidas por la estabilidad y permanencia de las cosas ¿y es posible que desde el Padre hasta el último negro, en todos nos han perseguido y procurando de todos modos nuestro exterminio, sigan ellos disfrutando de sus antiguas usuras, y nosotros destrozando su mala conducta, y anti-patriota versación, sean estos enemigos declarados del sistema los que ganan, después de habernos hecho la guerra, y tratarnos como a enemigos; son ellos los que ganan y nosotros los que perdemos?” La amenaza velada parece haber inclinado la balanza: Artigas termina respaldando las acciones de Benítez.

[7] “‘Un maleante’ es muchas veces alguien desposeído de su pequeña parcela por el ‘redondeo’ de las estancias, o un agregado o peón expulsado de la estancia o que ha huído porque no se adaptaba a la nueva disciplina. Es decir y en su mayoría, individuos, familias, grupos de ellas, con formas de conciencia social propias del rodeo como modo de producción” (Millot y Bertino, II, 66-67)

[8] Los problemas de tamaño afectaban la productividad del sector agropecuario “esencialmente a través de dos vías: en los predios pequeños no se posibilita la incorporación de tecnología sino a partir de una dimensión mínima económica que cada uno de dichos predios no posee. En predios grandes, por el contrario, existe a partir de ciertos límites una imposibilidad de manejo que se puede traducir en rendimientos decrecientes. Esto se ve agravado cuando a ello se suma el conformismo del titular con respecto a un determinado nivel de ingreso logrado sin incorporación de tecnología y una política tributaria que en la práctica no introduce estímulos para que dicha incorporación se formalice. El conformismo del empresario plantea la interesante antinomia de que, mientras la tierra es un factor escaso al nivel de la economía en su conjunto, resulta sobreabundante al nivel del gran empresario agrícola en particular. Como consecuencia de ello, mientras la economía general del país requiere que se maximice su productividad, la economía particular del empresario resulta indiferente a ello a partir de cierto punto de beneficio.” (Alonso, p. 112)